Acusación (del Partido) Popular
En el último año, la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, que lidera el PP de Alberto Núñez Feijóo, ha convertido los juzgados en un escenario recurrente de la batalla política contra el Ejecutivo. Esta deriva ha reabierto el debate sobre una de las figuras más particulares del sistema jurídico español: la acusación popular. Las causas judiciales urdidas para hacer tambalearse al Gobierno, han supuesto la perversión de esta figura, concebida para defender el "interés general" en los procesos, por parte de las asociaciones de ultraderecha, que la están convirtiendo en una herramienta del juego político del Partido Popular. Y no es casualidad que el dedo apunte a Génova 13. Este martes, trascendió que Víctor Soriano, abogado de la asociación ultraderechista Manos Limpias, está contratado por el PP a través de la Mesa del Senado. Este letrado es parte de la acusación popular en la investigación a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por la presunta filtración de datos confidenciales en la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso. Al mismo tiempo, Soriano se embolsa 56.937 euros anuales de dinero público por ejercer como asesor de la Secretaría Primera de la Cámara Alta, que ostenta la popular Eva Ortiz. Además, el abogado anunció en septiembre la contratación del presidente de Nuevas Generaciones del PP de Alcorcón, José Luis Pantoja, para su despacho. Manos Limpias y otras asociaciones de ultraderecha ejercen la acusación popular en los principales casos que atañen al presidente del Gobierno. Además, en muchos de ellos, son denuncias de las propias organizaciones las que detonan los procedimientos. Estos son las investigaciones a Begoña Gómez, esposa, y David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez; la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; y el 'caso Koldo'. El PSOE propone acabar con "el acoso de las organizaciones ultras" en los juzgados Más allá de que uno de los letrados que es parte de una causa que beneficia al PP esté a sueldo del PP, el problema de que la figura de la acusación popular esté siendo monopolizada por la ultraderecha preocupa en el Ejecutivo. Es por ello que recientemente, el PSOE presentó una proposición de ley que, entre otras cosas, pretende eliminar este instrumento, que de todos los países de Europa solo existe en España, "al menos con las mismas características", como explica la doctora en Derecho Mercedes Fernández y recoge Newtral. Felix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, lo explicó así en los micrófonos de la Cadena SER este miércoles: "La acusación popular se está pervirtiendo porque, cuando son los ultras los que únicamente la utilizan para acosar a personas y no delitos, están utilizándola para amedrentar a personas progresistas. Con la reforma que propone el PSOE, no hay ninguna impunidad. Es acabar con el acoso a personas que hacen organizaciones ultras", señaló ante Àngels Barceló en Hoy por Hoy. La acusación popular ultra en el 'caso Begoña Gómez' Manos Limpias, el pseudosindicato de ultraderecha en el que ejerce Soriano, es parte...
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