El Ayuntamiento de Madrid "sustituye" al directivo de la EMVS inhabilitado por el Colegio de Abogados al revelar secretos

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid ha sustituido al que fuera su director jurídico, Carlos Medina, después de conocer la sanción por infringir el secreto de comunicación entre letrados. La decisión del cese llega después de la sanción interpuesta por el Colegio de Abogados al directivo y otros dos abogados de la empresa municipal, Miguel Ángel Cortes y Carlos Morgades, el pasado 21 de noviembre por la que se acordaba “la suspensión en ejercicio de la abogacía por el plazo de un mes por la comisión de una infracción del Estatuto general de la Abogacía”.

El delegado de Vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González, ha informado este miércoles en la comisión del área que lidera de que ha reemplazado a Medina, en respuesta a una pregunta del PSOE. sobre las medidas adoptadas al respecto. A su vez, el delegado ha insistido en que la sanción todavía no es firme y ha trasladado “el máximo respeto a la presunción de inocencia” de los afectados.

La demanda llegó al Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid (ICAM) el pasado mes de marzo, cuando otro colegiado alertó de una posible infracción del deber de secreto de las comunicaciones entre letrados. En julio fue incoado un expediente y hace casi un mes, el pasado 21 de noviembre, la Junta de la institución acordaba sancionar a los tres denunciados por estos hechos.

El expediente, al que tuvo acceso en exclusiva Somos Madrid, abordaba un caso de negociación de un pago a la EMVS de cientos de miles de euros, en el que los tres abogados denunciados habían incorporado una comunicación referente al inicio de dicha negociación que pedía expresamente que quedara en “confidencialidad”. Por ello el ICAM observó una vulneración del secreto de comunicaciones profesionales, lo que se considera una “infracción grave” dentro del ordenamiento que rige su actividad y formulaba una propuesta de sanción.

En un primer momento, el Ayuntamiento de Madrid decidió no tomar ninguna decisión sobre el fallo del Ilustre Colegio de Abogacía. Incluso, la portavoz del Gobierno de Almeida, Inmaculada Sanz, restó importancia a la sanción adelantada por este periódico al considerar que se trataba de una “falta administrativa”

El delegado ha vuelto a restar importancia a la inhabilitación durante la comisión: “Esa sanción no es a la empresa sino que es personal a cada uno de los abogados, por lo que no se comunica en un primer momento a la empresa municipal sino a ellos personalmente. Esto es una cuestión sancionadora del ICAM, como otras tantas que se producen con determinados abogados”.

El área solicitó al director de los servicios jurídicos, como responsable de la labor que realizan los abogados de la empresa, que aportara la necesaria documentación explicando lo sucedido, ha indicado Álvaro González. Los abogados presentaron recurso de alzada ante el Consejo de la Abogacía de la Comunidad de Madrid el pasado 26 de diciembre. Como recoge el artículo 134 del Estatuto general de la Abogacía, las sanciones disciplinarias serán ejecutivas una vez que sean firmes en vía administrativa, ha informado el delegado, que ha reiterado que hasta que no se sustancie el recurso de alzada la sanción no será firme.

“Lo que se ha hecho es simplemente un cambio, se sustituye al director de los servicios jurídicos”, ha contestado el delegado al PSOE, después de subrayar que esta decisión se adopta mientras “se está viendo lo que pasa con el fiscal general del Estado, el caso de Begoña Gómez y otros que rodean a los socialistas”.

Críticas del PSOE por su “mala praxis”

El concejal del PSOE Pedro Barrero ha mostrado su “profundo respeto hacia el personal de la empresa municipal, que día a día demuestra una aplicación y profesionalidad encomiables”, no así el delegado y presidente de EMVS Madrid, a quien ha criticado por su “mala praxis y falta de control”. “Hoy no hablamos de espionajes al entorno familiar de la presidenta Ayuso sino de la inhabilitación por parte del Colegio de Abogados del director de servicios jurídicos de la empresa y de dos abogados más por revelar secretos”, ha lanzado Barrero, que ha exigido a González “transparencia y honestidad, no excusas ni engaños”.

Barrero ha señalado que este asunto está en manos del Colegio de Abogados desde hace un año, desde febrero de 2024. Abordaba “una negociación entre letrados con un perjuicio estimado hacia la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 860.000 euros”.

El delegado ha contestado al socialista recordando el listado de ceses que hizo el gobierno de Manuela Carmena, “apoyados por el PSOE”, como el del “secretario del consejo de administración, al consejero delegado, a la directora de producción, a la directora de recursos humanos, al director de los servicios jurídicos, a la directora de gestión de vivienda, al director de obras y rehabilitación, a la jefa del departamento de comunicación, al jefe del departamento de inspectores o a la jefa de programas sociales”.

“Entre 2015 y 2016 cesaron a 26 trabajadores de EMVS Madrid. Ustedes seguramente tendrían alguna razón porque estaban en el consejo de administración y votaron a favor. Nosotros respetamos a la dirección de la empresa municipal”, ha concluido González.