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Barcelona cede ante la 'inquiokupación'
El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado por nueve millones de euros el edificio de la Casa Orsola , un inmueble en pleno barrio del Eixample que había sido objeto de protestas callejeras en contra del desalojo de sus habitantes según ordenaban varias sentencias judiciales. Con la compra y el compromiso de que los inquilinos puedan seguir viviendo en sus casas pagando rentas muy por debajo del precio de mercado, Jaume Collboni pone fin a un problema político a costa de un perjuicio de las arcas públicas de su ciudad. Desde una perspectiva económica, el uso de fondos públicos para absorber conflictos privados genera dudas en cuanto incentiva a quienes desafían las decisiones judiciales y validan el chantaje y los desórdenes públicos. Si bien es cierto que gracias a la operación los inquilinos encuentran una solución a su problema y que Barcelona aumentará en 27 viviendas el mermado parque de vivienda pública, también se refuerza la inseguridad de los propietarios frente a la 'inquiokupación' que reduce la oferta, aumenta los precios y dificulta el acceso a una casa a los más vulnerables. Las políticas de protección a la okupación, que han tenido en la Barcelona de Colau su banco de pruebas, se han mostrado perniciosas y han agravado el problema de la vivienda en la Ciudad Condal más que en ningún otro lugar.
El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado por nueve millones de euros el edificio de la Casa Orsola , un inmueble en pleno barrio del Eixample que había sido objeto de protestas callejeras en contra del desalojo de sus habitantes según ordenaban varias sentencias judiciales. Con la compra y el compromiso de que los inquilinos puedan seguir viviendo en sus casas pagando rentas muy por debajo del precio de mercado, Jaume Collboni pone fin a un problema político a costa de un perjuicio de las arcas públicas de su ciudad. Desde una perspectiva económica, el uso de fondos públicos para absorber conflictos privados genera dudas en cuanto incentiva a quienes desafían las decisiones judiciales y validan el chantaje y los desórdenes públicos. Si bien es cierto que gracias a la operación los inquilinos encuentran una solución a su problema y que Barcelona aumentará en 27 viviendas el mermado parque de vivienda pública, también se refuerza la inseguridad de los propietarios frente a la 'inquiokupación' que reduce la oferta, aumenta los precios y dificulta el acceso a una casa a los más vulnerables. Las políticas de protección a la okupación, que han tenido en la Barcelona de Colau su banco de pruebas, se han mostrado perniciosas y han agravado el problema de la vivienda en la Ciudad Condal más que en ningún otro lugar.
